Cada 3 de noviembre la memoria de Río Tercero vuelve a convocar a la provincia de Córdoba y al país entero. A las 8:55 del viernes 3 de noviembre de 1995, una serie de detonaciones en la Fábrica Militar de Río Tercero desencadenó explosiones que arrasaron parte de la planta y dañaron gran parte de la ciudad: siete personas murieron, más de 300 resultaron heridas y miles de viviendas y comercios sufrieron daños materiales severos. El estallido dejó imágenes de escombros, fachadas voladas y un hongo de humo que todavía hoy forma parte del imaginario colectivo local.
En los años posteriores, la causa judicial atravesó múltiples etapas, con cambios de juez y criterios contradictorios. Durante largo tiempo se discutió si la tragedia había sido un accidente —producto de una supuesta negligencia en la manipulación y almacenamiento de explosivos— o si había sido provocada deliberadamente para encubrir faltantes de municiones vinculados al contrabando de armas durante los años noventa. Las pericias técnicas y contables realizadas en el proceso, y luego valoradas por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba, concluyeron que la hipótesis más sólida era la de una explosión intencional, planificada por personas con conocimientos sobre explosivos. El móvil, según el fallo, fue eliminar evidencias del envío ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
En diciembre de 2014, ese tribunal condenó a cuatro ex directivos y oficiales de Fabricaciones Militares por estrago doloso seguido de muerte. Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino recibieron penas de 13 años de prisión, mientras que Marcelo Diego Gatto fue condenado a 10. Las pruebas incluyeron pericias químicas y contables, además de testimonios que describieron la colocación de iniciadores y detonadores dentro del predio industrial.
Sin embargo, otros aspectos de la investigación tuvieron otro desenlace. El procesamiento del expresidente Carlos Menem, acusado de haber tenido responsabilidad política en el encubrimiento, fue revocado por falta de pruebas. Ese tramo de la causa acumuló recursos, sobreseimientos y apelaciones que marcaron las dos décadas posteriores y dejaron abierto, hasta hoy, el debate sobre la cadena de mandos.
Una pieza clave para la hipótesis del encubrimiento fue la pericia contable, que detectó faltantes significativos de municiones y explosivos en los registros de la fábrica. Según distintos dictámenes, se trataba de decenas de miles de proyectiles que no figuraban en los inventarios. Para los jueces, esa diferencia fue uno de los motivos del estallido: la voladura habría servido para borrar la prueba del desvío.
En paralelo, se desarrollaron reclamos civiles para obtener reparación por los daños. La Cámara Federal de Córdoba y otros tribunales dictaron sentencias que establecieron la responsabilidad del Estado y habilitaron el pago de indemnizaciones a las víctimas. Sin embargo, muchas familias y organizaciones locales siguen denunciando demoras y deficiencias en la reparación integral, tanto por los daños materiales como por las secuelas físicas y psicológicas.
A lo largo de estos treinta años, se realizaron estudios sobre el impacto del hecho en la salud mental de los habitantes. Investigaciones académicas registraron altos niveles de ansiedad, estrés postraumático y sensación de vulnerabilidad. En los barrios más próximos a la fábrica, la presencia de restos de material explosivo complicó durante años las tareas de limpieza y reconstrucción.
La memoria del 3 de noviembre se mantiene viva en cada aniversario. Actos municipales, provinciales y reuniones de familiares de víctimas se realizan año tras año en el centro de la ciudad y en el predio de la ex Fábrica Militar. Las organizaciones reclaman que el recuerdo no se reduzca a una ceremonia, sino que se traduzca en verdad judicial, reparación efectiva y políticas de prevención.
El caso Río Tercero fue más que una tragedia local. Marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado, las fábricas militares y la política de ventas de armamento de los años noventa. Reveló la existencia de redes de contrabando y mostró los límites del control civil sobre la industria militar. Para muchas organizaciones de derechos humanos, la causa se convirtió en un símbolo de la necesidad de transparencia y de independencia judicial frente a las presiones políticas.
Treinta años después, la justicia penal cerró etapas con condenas firmes contra responsables directos, pero las preguntas de fondo siguen abiertas. Las familias y las organizaciones de memoria insisten en que todavía falta esclarecer la responsabilidad política de los hechos, garantizar la reparación integral y sostener políticas públicas que atiendan las secuelas sociales y sanitarias que dejó la explosión.