La salmonicultura podría representar cerca del 11% de la economía de las islas y crear más de un centenar de empleos. Ambientalistas cuestionan los riesgos ecológicos y reclaman que la decisión sea sometida a referéndum.
Un ambicioso proyecto para desarrollar la producción industrial de salmón en las Islas Malvinas enfrenta posiciones contrapuestas entre quienes destacan su potencial económico y aquellos que advierten sobre los efectos que podría provocar en el ambiente marino.
La iniciativa es impulsada por Unity Marine, empresa integrada por la pesquera Fortuna y la firma danesa F-land ApS, y contempla la posibilidad de instalar explotaciones acuícolas en 16 sectores del archipiélago.
El objetivo sería alcanzar una producción de hasta 50.000 toneladas de salmón por año, una escala inédita para la economía local y que transformaría sustancialmente la actividad industrial desarrollada sobre las costas malvinenses.
Uno de los principales argumentos a favor del proyecto es su impacto económico. Estudios difundidos por las autoridades estiman que producir unas 30.000 toneladas anuales podría generar aproximadamente 35 millones de libras adicionales, equivalentes a cerca del 11% de la economía del territorio.
A esto se suma una proyección de alrededor de 133 nuevos puestos de trabajo, un número considerable para una población que ronda los 3.500 habitantes.
Los impulsores sostienen que la actividad permitiría ampliar una estructura económica históricamente vinculada a sectores como la pesca y reducir la dependencia de fuentes de ingresos concentradas.
Pero las cifras económicas no lograron disipar las críticas.
La organización Salmon Free Falklands sostiene que todavía existen importantes vacíos de información sobre las consecuencias de introducir salmonicultura intensiva en las aguas que rodean las islas.
Las principales preocupaciones están relacionadas con los residuos generados por las granjas, la acumulación de materia orgánica debajo de las jaulas y sus eventuales efectos sobre los bosques de algas y las zonas donde se reproduce el calamar.
También existen interrogantes sobre la interacción de las instalaciones con especies características del ecosistema del Atlántico Sur, entre ellas pingüinos, ballenas, delfines y lobos marinos.
Los opositores al emprendimiento cuestionan además que todavía no exista información suficientemente precisa sobre la capacidad de carga de las áreas propuestas, un indicador fundamental para determinar qué nivel de producción puede soportar un ambiente sin sufrir modificaciones irreversibles.
Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad ambiental australiana, fue una de las especialistas que expresó reparos sobre los documentos presentados y reclamó estudios más completos, incluyendo evaluaciones independientes de costos y beneficios.
A las objeciones ambientales se sumaron cuestionamientos sobre el proceso político utilizado para analizar la propuesta.
Aunque las autoridades impulsaron una consulta pública, organizaciones contrarias a la salmonicultura sostienen que una transformación económica de semejante dimensión debería ser sometida a un referéndum entre los habitantes de las islas.
El Ejecutivo local indicó que hasta el momento no existe una decisión definitiva. Los estudios actualmente disponibles, señaló, forman parte de una instancia preliminar destinada a evaluar la viabilidad ambiental, económica y regulatoria de la actividad.
Unity Marine también aseguró que todavía no presentó una solicitud para comenzar inmediatamente con la producción comercial.
El debate tiene como antecedente una decisión tomada en 2022, cuando una propuesta salmonera fue rechazada por las autoridades. Una posterior revisión judicial promovida por la empresa anuló aquella resolución y permitió retomar la discusión.
La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, mientras continúa una disputa que enfrenta dos modelos posibles para las Islas Malvinas: apostar por una nueva industria capaz de ampliar significativamente los ingresos locales o privilegiar la conservación ambiental ante los riesgos de una explotación acuícola de gran escala.