En un contexto de recortes presupuestarios y tensiones políticas sobre el rumbo del sistema científico-tecnológico argentino, la Fundación Alem encendió las alarmas con un duro informe que cuestiona las reformas proyectadas para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Bajo el título “Reconversión, sí. Desmantelamiento, no”, el documento plantea una advertencia categórica: el organismo emblema de la innovación agroindustrial nacional se encuentra ante una encrucijada crítica que podría marcar el fin de su rol histórico.
Fundado en 1956, el INTA ha sido un pilar del desarrollo productivo, científico y tecnológico del país. Sin embargo, hoy enfrenta un escenario de fuerte incertidumbre. Según el análisis de la Fundación Alem —vinculada históricamente a la Unión Cívica Radical— el proyecto del gobierno nacional para recentralizar el INTA bajo la órbita directa del Ministerio de Economía y quitarle autonomía administrativa y financiera, representa una amenaza estructural a su funcionamiento, su vínculo con el territorio y su capacidad de respuesta a los desafíos del agro argentino.
“El problema no es modernizar. El problema es desmantelar”, sostienen desde la Fundación, que denuncia un intento de vaciamiento bajo el ropaje de una reconversión administrativa.
Autonomía en peligro
El informe subraya que la centralización atentaría contra la capacidad del INTA para planificar a largo plazo, responder a las demandas regionales y articular con universidades, cooperativas y productores locales. Una de las medidas más preocupantes sería la modificación del régimen de personal, hoy específico, que se vería reemplazado por el régimen general del Estado, lo que impactaría directamente en la retención de talento científico y técnico.
También se alerta sobre el riesgo de perder canales clave de financiamiento internacional, que dependen en gran medida de la estabilidad institucional y la independencia técnica del organismo.
Un consejo directivo sin productores
Otro de los puntos centrales del documento es la advertencia sobre los cambios propuestos en la conformación del consejo directivo del INTA. Según la Fundación Alem, el plan oficial implica quitar representación a sectores productivos como ACREA y ampliar la presencia del Ejecutivo nacional, lo que otorgaría al gobierno una mayoría automática en las decisiones estratégicas del instituto.
“Se trata de un rediseño institucional que rompe con el espíritu federal y participativo que caracterizó históricamente al INTA”, advierte el texto.
Venta de activos y pérdida territorial
La venta de inmuebles estratégicos como la propiedad ubicada en Cerviño y Ortiz de Ocampo, en la Ciudad de Buenos Aires, es otro de los focos de crítica. Pero lo más alarmante es la posible venta de más de 27 mil hectáreas que actualmente funcionan como centros de ensayo y desarrollo tecnológico en diversas regiones del país.
Estas unidades experimentales cumplen un rol vital en la transferencia de conocimiento al sector agropecuario, en la validación de tecnologías adaptadas a los diferentes ecosistemas productivos, y en el trabajo con productores familiares y cooperativas.
Críticas cruzadas: del kirchnerismo al presente
El informe no ahorra cuestionamientos al pasado reciente. Acusa al kirchnerismo de haber desviado al INTA de su misión científica hacia tareas sociales que, según la Fundación, “partidizaron” al organismo y lo alejaron de su esencia como motor de innovación.
Sin embargo, la denuncia principal apunta al presente y al futuro inmediato. “La ciencia y la tecnología son elementos críticos para el desarrollo sostenible del país y deben fortalecerse, no ser sacrificados. Sacrificar el conocimiento y sus instituciones es una forma de autodestrucción”, concluye el texto.
La Fundación Alem propone, en contraposición, una reconversión modernizadora que apunte a fortalecer la productividad, el vínculo con el sector privado y el desarrollo regional, pero sin resignar la autonomía ni el carácter federal que han sido el sello distintivo del INTA durante casi siete décadas.