En medio de una crisis social y económica que pulveriza salarios, destruye empleos y dispara la pobreza por encima del 50%, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar en una dirección tan simbólica como peligrosa: desactivar el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la persecución del lavado de dinero.
Mediante el Decreto 274/2025, el Ejecutivo eliminó la capacidad del organismo para actuar como querellante en causas penales relacionadas con el lavado de activos y la corrupción. Lo que en apariencia podría leerse como una simple reestructuración administrativa, encierra en realidad un gesto político potente: el Estado ya no será parte acusadora en uno de los delitos más complejos, rentables y dañinos para cualquier sociedad.
Libertad para fugar
El argumento oficial apela a una supuesta “superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal” y a la necesidad de “optimizar recursos”. Pero detrás de ese tecnicismo se esconde una lógica brutalmente clara: facilitar el ingreso de capitales sin mirar su origen, sin trabas, sin preguntas.
En un país acosado por la falta de dólares, la desregulación del sistema antilavado no es una casualidad. Es una invitación. Un guiño a los capitales que buscan refugios donde el Estado no incomode ni interfiera. Una alfombra roja para el dinero negro en tiempos de bicicleta financiera.
Como bien advirtió María Eugenia Talerico, ex titular de la UIF, “quitarle a la UIF la facultad de querellar es desarmar uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el Estado para llevar a los corruptos y lavadores ante la Justicia”.
Contexto alarmante, decisiones deliberadas
La medida llega en un momento delicado. En las últimas semanas se acumulan denuncias por uso de información privilegiada, negocios oscuros entre funcionarios y operadores del mercado, y sospechas sobre movimientos anticipados en la previa de la última devaluación. Entre las apuntadas figura Karina Milei, la hermana del Presidente, por presunta malversación de fondos y acceso privilegiado a datos sensibles.
En ese mismo marco, el Banco Central vendía dólares a $1.000 que en pocos días se cotizaban a $1.230. Una transferencia de recursos gigantesca, sin transparencia ni controles. ¿Casualidad? ¿Negligencia? ¿Deliberación? En todos los casos, la respuesta del Estado es la misma: mirar para otro lado.
Estarán, pero no molestarán
El Gobierno aseguró que la UIF no se retirará de causas emblemáticas como Hotesur, Los Sauces o Cuadernos. Sin embargo, la instrucción es clara: tendrá una “postura pasiva”. Estarán presentes, pero sin intervenir. Un nuevo rol: observadores mudos.
La excusa es “no interferir con los fiscales”, pero el objetivo real es garantizar que nadie incomode ni al kirchnerismo residual ni a los nuevos socios del oficialismo. Una paz mafiosa disfrazada de imparcialidad técnica.
Comparaciones incómodas
En el mundo, los organismos antilavado se fortalecen. Desde la Ley Patriótica de EE.UU. tras el 11-S hasta las reformas impulsadas por la Unión Europea luego de los Panamá Papers, la tendencia global es clara: más controles, más cooperación internacional, más herramientas para seguir la ruta del dinero.
Argentina, en cambio, corre en sentido inverso. Desarma a su agencia clave en la lucha contra el lavado, justo cuando más capitales sospechosos pueden intentar ingresar al sistema financiero. No hay precedentes similares en la región, salvo en regímenes con alta captura del Estado por intereses mafiosos.
Un sueño libertario: negocios sin Estado, mercado sin ley
El decreto no es una excepción, sino una pieza más del engranaje ideológico que guía al gobierno. El Estado solo interviene para ajustar, nunca para proteger. Se persigue al que protesta, no al que fuga. Se audita al jubilado, no al evasor. Se le niega al comedor, pero se le facilita al especulador.
En esa lógica, eliminar el rol querellante de la UIF no es solo una maniobra jurídica. Es una declaración de principios. Es garantizar que los poderosos operen sin testigos, sin consecuencias, sin obstáculos.
Mientras tanto, los números de la economía son elocuentes: inflación del 196%, devaluación del 216%, deuda externa en alza, caída del salario real, desplome del consumo. En ese marco, la desactivación de controles no busca eficiencia. Busca impunidad.
La impunidad como política pública
La historia reciente de América Latina ofrece lecciones. En países donde se desfinanciaron o colonizaron los organismos de control, el resultado fue el mismo: más corrupción, más desigualdad, más violencia. No hay “libertad” posible en un sistema donde el dinero sucio circula sin freno y el Estado abdica de su deber de proteger a los ciudadanos.
En la Argentina de Milei, la libertad se mide por la capacidad de fugar capitales sin que nadie pregunte de dónde salieron. Y la Justicia, por su capacidad de no intervenir.