Luego de años de tener en estudio un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el máximo tribunal determinaría que los cambios introducidos y que disminuyeron el número de integrantes del organismo no respetarían el equilibrio exigido por la Constitución Nacional
La Corte Suprema de Justicia dictaría un fallo por el que declararía inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura que fue establecida tras una reforma realizada en 2006 e impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora nacional. La argumentación del fallo sería que la integración en vigencia no respeta el equilibrio entre los distintos sectores que constituyen el organismo y que son exigidos por la Constitución Nacional. Entre otros puntos podría generar que el titular de la Corte, Horacio Rosatti, asuma la presidencia del cuerpo.
Otro aspecto a considerar es si esta decisión implicaría volver a la ley anterior o permitir un nuevo debate en el Congreso para sancionar una nueva norma. La resolución de una disputa que data de hace años es una fuerte señal política del máximo tribunal.
El Consejo de la Magistratura es un organismo clave a nivel judicial ya que es el encargado de elegir y controlar a los jueces y maneja los fondos del Poder Judicial. En su momento el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señaló en una demanda que hay un equilibrio roto entre el sector político, que abarca a los legisladores opositores y oficialistas, y al representante del Poder Ejecutivo; los jueces y los abogados.
Cuando se propusieron los cambios en el Consejo, el punto más polémico fue la disminución en su número de miembros, de 20 a 13 que posibilitó que el oficialismo fuera el único sector que no vio mermado su poder. Mantuvo a sus cinco representantes (dos senadores, dos diputados y el delegado del Poder Ejecutivo) y consiguió “poder de veto” ya que ningún magistrado puede ser acusado ni seleccionado para integrar una terna sin el respaldo del oficialismo.
Una declaración de inconstitucionalidad de la reforma significaría que volvería a regir la composición anterior, la de 20 miembros, con el presidente de la Corte como titular del Consejo. Igualmente se necesitaría tiempo para poder convocar a elecciones para nombrar a los nuevos abogados, el nuevo juez y el nuevo académico.
“Los fallos deben ser acatados, pero un caso así requeriría un tiempo prudencial para llegar a la nueva composición”, dijo al diario La Nación, el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, representante de las universidades y parte del bloque oficialista. “Podría disponerse que el fallo fuera de aplicación cuando venzan todos nuestros mandatos, en noviembre de 2022″ manifestó. Su presidencia terminaría en febrero del próximo año. También habría una discusión sobre cómo integrar las “segundas minorías” del Congreso, que estaban representadas en el Consejo de 20.
Por su parte, Diego Marías, representante de los abogados, declaró al mismo diario que “la experiencia del Consejo de 20 ya fracasó”. “Lo ideal sería que la conformación del Consejo la decidiera el Congreso, y no que surja de un fallo judicial. Que lo acuerden las fuerzas políticas” añadió. Marías también rechazó la postura de que el Consejo sea despolitizado. “Es un organismo en el que prima la política. Hay dos visiones que son muy claras y sobrepasan la pertenencia estamentaria, más allá de que yo creo que la abogacía está discriminada y que debería haber más abogados” indicó al respecto.
La decisión de la Corte sería en respuesta a un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictado el 19 de noviembre de 2015 que está en estudio en el tribunal. Este fallo fue apelado por el gobierno de Cristina Kirchner lo que impidió su puesta en práctica. Durante el macrismo se hubiera podido volver a los 20 miembros, pero el gobierno no hizo de este recurso y le pidió a la Corte tiempo para presentar un proyecto de reforma diferente en el parlamento, pero la iniciativa no fructificó.
En octubre de este año Ricardo Lorenzetti dijo que la Corte tenía el caso “en agenda” para llegar a una resolución. En mayo de 2018, el procurador, Eduardo Casal, había dictaminado en esta causa y recomendado no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad.
En 2006 se redujo a 13 integrantes los miembros del Consejo con el argumento de que sería menos burocrático en su funcionamiento. Con las modificaciones se disminuyó el número de representantes de los jueces, los abogados y la academia, y se eliminó el lugar de los partidos minoritarios (las segundas minorías del Congreso tenían un senador y un diputado en el Consejo).
La anterior conformación era de cinco jueces (uno de ellos, el presidente de la Corte, que presidía también el Consejo), cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.