La Auditoría General de la Nación no pudo corroborar la puesta en marcha del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por parte de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. También reveló que hay más de 370 mil personas con portación irregular.
Según una evaluación de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las tareas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMC), en 2016 y 2017 hubo más de 370 mil ciudadanos con armas denunciadas y/o con sus permisos vencidos. Además, no se pudo verificar que haya disminuido su utilización, así como tampoco fue posible comprobar si el organismo realizó capacitaciones.
La ANMC fue creada por la Ley 27.192 en 2015, como continuadora del RENAR (Registro Nacional de Armas). Es un ente descentralizado que se encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional y su función es la “aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 del año 1973”, así como la colaboración en el desarrollo de una política criminal en la materia y el desarrollo de políticas de prevención de la violencia armada.
A un año de su creación, el Ministerio de Justicia suscribió un convenio de “cooperación técnica y financiera” con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), con la finalidad de contribuir en la gestión de distintas actividades, como, por ejemplo, en la ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Irregularidades en las contrataciones
Uno de los puntos analizados por la AGN esta relacionado con los recursos humanos: en ese aspecto el organismo precisó que 2018, el 88 por ciento del personal (391 de 445 agentes) de la Agencia estaba contratado a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Tan solo 15 personas están nombradas en la planta permanente, 27 en la transitoria y 12 trabajan con la modalidad de contratos directos con la Agencia. Los auditores señalaron que implica una contradicción con la ley de creación del organismo, la cual establece que se debe regir por “las normas de empleo público nacional y las convenciones colectivas de trabajo”.
ACARA también debía cooperar con la Agencia en la ejecución del “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” mediante el cual el ciudadano entrega un arma a cambio de dinero. Sobre este punto, la Auditoría indicó que “no consta la ejecución de planes tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego”.
No se comprobó la realización de talleres de capacitación sobre el tema ni de investigaciones sobre el comercio de armas.
Dentro de estas tareas en conjunto también se debían realizar talleres para concientizar sobre el tema. Según la AGN, «tampoco se pudieron verificar acreditaciones fehacientes de las capacitaciones realizadas”. Desde la ANMC se indicó que se realizaron tres tipos de talleres: formación para formadores, otro orientado a jóvenes y una charla. “No se ha podido comprobar información detallada de los docentes, formadores, asistentes, lugares y/o cualquier otra información particular sobre el desarrollo de los mismos”, explicó la AGN.
Desde el organismo de control se remarcó que no se realizaron investigaciones sobre el mercado de armas y el uso, cuyos resultados podrían ser cruciales para la implementación de políticas estratégicas del sector.
Armas denunciadas y credenciales vencidas
El organismo de control verificó un alto porcentaje de usuarios con credenciales vencidas y con tenencia de armas denunciadas, especialmente conformado por personas mayores a sesenta años.
Para fines de 2016 había un total de 366.352 usuarios que tenían vencidas sus credenciales de tenencia de arma individual y un total de 620.760 armas denunciadas. Un año después aumentó a 380 mil usuarios y 654 mil armas. En 2018, fueron las cifras fueron 379.122 personas y 625.250 armas. Ante esta situación, la AGN indicó que no se obtuvieron evidencias de que el auditado haya realizado “acciones para depurar el padrón de armas registradas e intimar a los usuarios con credenciales vencidas a fin de obtener su regularización”.
Fallas en los procesos de control
Otro aspecto que analizó la AGN son las inspecciones, que son revisiones para certificar las condiciones legales de su funcionamiento, y las verificaciones, que se refieren a las intervenciones solicitadas para certificar importaciones o exportaciones, y distintos trámites de intervención obligatoria.
En lo que hace a las inspecciones el organismo entró irregularidades en 22 de las 32 analizadas mientras que de 70 expedientes de verificaciones también hubo errores en 22. Los problemas más comunes fueron que estaban incompletos, sin foliatura y con demoras injustificadas en las tramitaciones.
Como ejemplo de las fallas, en un expediente de mayo de 2016 en el que se descubrió un faltante de 2.000 unidades de munición calibre 9 mm, respecto a esa cantidad declarada en el despacho de importación. En consecuencia, se envió un informe a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, sin que hay habido decisión administrativa o respuesta posterior.
Una modernización incompleta
En 2016 la ANMC comenzó a aplicar un plan de modernización. Según la Auditoría, no se consiguió el fortalecimiento administrativo de gestión ya que no se incorporaron servicios que otorgaran eficiencia y transparencia para los administrados. Tampoco se registraron nuevos sistemas informáticos que permitieran mecanismos de contralor precisos y eficientes tal cual se preveía en los objetivos del plan.
La misma resolución del plan de modernización estableció la creación del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos con el fin de “robustecer los requisitos solicitados y extremar los recaudos a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones exigidas”.
Al momento de las tareas de control, en el informe se indica que no se verificó que los solicitantes de tenencia de armas hayan sido «evaluados por un profesional médico matriculado, en virtud de criterios uniformes y en un marco de absoluta profesionalidad».
Armas en Parques Nacionales
En 2016, en una auditoría de gestión realizada en la Administración de Parques Nacionales, la AGN había revelado la existencia de armamento en distintos Parques, que, aunque estaba inventariada no estaba registrada en el RENAR. En esta ocasión, el organismo de control fue a verificar el estado actual de esa situación y detectó que las armas siguen en propiedad de la Administración y continúan sin estar registradas.