El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la jueza de Nueva York Loretta Preska que rechace las sanciones por desacato contra Argentina en la causa YPF. El planteo advierte sobre implicancias diplomáticas y de política exterior en litigios contra Estados soberanos.
El gobierno de Estados Unidos pidió formalmente a la Justicia federal de Nueva York que no declare en desacato a la Argentina en la causa YPF. El planteo fue presentado por el Departamento de Justicia ante el tribunal de la jueza Loretta Preska, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera, y solicita rechazar las sanciones económicas que reclaman los demandantes contra el Estado argentino.
Contexto del litigio por YPF
La causa YPF es uno de los procesos judiciales internacionales más relevantes que enfrenta Argentina en los últimos años. El conflicto se originó tras la expropiación del 51% de la petrolera en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control de la compañía que hasta entonces estaba en manos de la española Repsol.
En ese proceso, antiguos accionistas minoritarios denunciaron que el país no respetó el estatuto de la empresa, que obligaba a lanzar una oferta pública de compra para adquirir las acciones del resto de los inversores. A partir de esa disputa, fondos de inversión adquirieron los derechos de litigio y llevaron el caso a tribunales estadounidenses.
En 2023, la justicia de Nueva York condenó a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares como compensación a los demandantes. La sentencia fue dictada por la jueza Loretta Preska y abrió una extensa disputa legal sobre la ejecución del fallo y el eventual pago de la indemnización.
Desde entonces, el gobierno argentino busca revertir o moderar las consecuencias del fallo mediante apelaciones y presentaciones judiciales.
El respaldo de Estados Unidos a la Argentina
En este contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un documento de 29 páginas ante el tribunal para respaldar la posición argentina.
El escrito sostiene que los litigios en tribunales estadounidenses contra Estados extranjeros pueden tener implicancias relevantes para la política exterior de Washington y afectar el principio de reciprocidad que rige las relaciones entre países.
En particular, el gobierno estadounidense advirtió que aceptar las sanciones por desacato contra Argentina podría sentar un precedente problemático en casos similares que involucren a otros Estados soberanos.
Según el documento, la moción presentada por los demandantes —que pide sanciones económicas, inferencias adversas y medidas de preclusión— no se ajusta a los principios de cortesía internacional ni al marco legal previsto por la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Extranjeros (FSIA).
Por ese motivo, el Departamento de Justicia solicitó al tribunal que rechace esas sanciones.
La estrategia legal del Estado argentino
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que la presentación estadounidense refuerza la posición jurídica de Argentina en el litigio.
El organismo destacó que el respaldo internacional refleja “la solidez técnica y jurídica” de los argumentos presentados por el país, basados en principios de derecho internacional y en el respeto a la inmunidad soberana de los Estados.
Además, remarcaron que durante más de dos años Argentina cumplió con el proceso de discovery, el mecanismo judicial mediante el cual las partes deben aportar información y documentos al tribunal.
Según la defensa argentina, en ese período se entregaron más de 115.000 páginas de documentación vinculada al caso, sin que los demandantes hayan encontrado pruebas que respalden sus acusaciones.
El gobierno sostiene que esas entregas demuestran la voluntad de cooperación con la justicia estadounidense y descartan la existencia de desacato.
Una instancia clave del proceso
El litigio atraviesa actualmente una etapa decisiva.
En los últimos días, Argentina solicitó suspender el proceso de discovery ante la jueza Preska, aunque el tribunal rechazó ese pedido. Frente a esa decisión, el país inició un proceso de apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
En paralelo, siguen pendientes otras dos apelaciones vinculadas con la posible entrega de acciones de YPF y con el desarrollo del propio proceso judicial.
La resolución de estas instancias será determinante para definir el futuro del caso y el eventual impacto económico que podría tener para el Estado argentino.
Mientras tanto, la intervención del gobierno de Estados Unidos introduce un elemento político y diplomático relevante en una disputa judicial que podría sentar precedentes para litigios internacionales contra Estados soberanos.