En el caso Adorni, la Justicia avanzó con allanamientos en tres inmobiliarias que participaron en la compra de un departamento en Caballito. La investigación apunta al financiamiento del inmueble y a posibles irregularidades patrimoniales.
La Justicia realizó allanamientos en tres inmobiliarias en el marco del caso Adorni, que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El procedimiento tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles y busca esclarecer el origen de los fondos utilizados en la compra de un inmueble en el barrio de Caballito, una operación que genera dudas sobre su financiamiento y legalidad.
El caso Adorni se originó tras una serie de inconsistencias detectadas en la declaración patrimonial del actual jefe de Gabinete. La lupa judicial se posó sobre la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito, cuyo financiamiento habría sido posible mediante préstamos privados.
Según la investigación, dichos préstamos habrían sido otorgados por cuatro mujeres mayores, presuntamente jubiladas y empleadas públicas, cuyos ingresos no resultarían compatibles con los montos involucrados en la operación. Esta situación encendió alertas en el ámbito judicial y derivó en la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia federal con el objetivo de identificar a los intermediarios que participaron en la operación inmobiliaria y verificar los valores reales de la transacción. En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a la escribana Adriana Nechevenko de Schuster, quien intervino en la escrituración del inmueble.
La escribana sostuvo que las operaciones realizadas fueron “normales” desde el punto de vista profesional y negó tener conocimiento sobre el origen de los fondos utilizados por el funcionario. En su declaración, remarcó que su rol se limitó a validar la documentación presentada al momento de la operación.
Las medidas judiciales buscan reconstruir el circuito financiero completo de la compra, incluyendo posibles triangulaciones o subdeclaraciones del valor real del inmueble.
El avance de la causa coloca al jefe de Gabinete en una situación de creciente presión política e institucional. La figura de enriquecimiento ilícito implica la imposibilidad de justificar incrementos patrimoniales con ingresos legítimos, lo que podría derivar en consecuencias penales severas en caso de comprobarse irregularidades.
Fuentes judiciales indicaron que uno de los ejes centrales de la investigación es determinar si existió simulación en los préstamos o si se trató de una maniobra para encubrir el verdadero origen del dinero.
En paralelo, el levantamiento del secreto bancario ordenado por el juez permitirá analizar otros movimientos financieros del funcionario, incluyendo gastos relevantes como vuelos privados al exterior, entre ellos viajes a Nueva York y Punta del Este.
La causa continuará con el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos, así como con nuevas medidas probatorias orientadas a determinar la trazabilidad del dinero. No se descarta la citación de nuevos testigos ni eventuales imputaciones adicionales.
En términos políticos, el caso Adorni podría escalar en función de los hallazgos judiciales y generar impacto en la dinámica del Gobierno nacional, dado el rol estratégico del jefe de Gabinete.
La evolución del expediente será clave para definir si se trata de irregularidades administrativas o de un esquema más complejo de ocultamiento patrimonial.