En un paso clave para la expansión de la movilidad eléctrica en Argentina, el Gobierno nacional eliminó las restricciones que limitaban la instalación de centros de carga para autos eléctricos. A través de la resolución 22/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía derogó la Resolución 817/2023 del gobierno anterior, flexibilizando así los requisitos para que nuevos actores puedan ingresar al mercado de abastecimiento de electricidad para vehículos.
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, destacó que esta medida es complementaria a la reciente reducción de aranceles de importación de autos eléctricos, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Para que la movilidad eléctrica sea una realidad en Argentina, no basta con autos más accesibles, sino que también necesitamos una red de abastecimiento eficiente”, explicó Sturzenegger.
Un nuevo paradigma de carga
El ministro subrayó que la movilidad eléctrica plantea un cambio de paradigma respecto a la carga de combustibles tradicionales. “Con los vehículos de combustión interna, vas a un lugar específico a cargar. Con los eléctricos, la carga se realiza en los lugares donde ya estás: un restaurante, un supermercado o un shopping”, detalló.
En este sentido, la regulación derogada imponía un complejo registro y una serie de requisitos que, en la práctica, hacían inviable que pequeños comercios y emprendimientos pudieran ofrecer puntos de carga para autos eléctricos. “Era una normativa que favorecía exclusivamente a las grandes petroleras, ya que solo ellas podían cumplir con los requisitos impuestos”, agregó Sturzenegger.
Una apuesta por el futuro
La movilidad sustentable se presenta como una alternativa clave en la reducción de la huella de carbono y la modernización del parque automotor del país. La flexibilización de las regulaciones permitirá que más estaciones de carga se instalen en diversos puntos estratégicos, facilitando la adopción masiva de vehículos eléctricos en Argentina.
La medida ha sido bien recibida por el sector empresarial, que ahora podrá ofrecer carga eléctrica como un servicio adicional a sus clientes sin enfrentarse a barreras regulatorias excesivas. Además, se espera que este nuevo escenario impulse inversiones en infraestructura y fomente el crecimiento de nuevas pymes en el sector de la electromovilidad.
Con la eliminación de trabas burocráticas y la promoción de incentivos, el Gobierno busca acelerar la transición hacia una movilidad más limpia y accesible. La pregunta ahora es si estas acciones serán suficientes para generar el cambio necesario y si el sector privado responderá con la infraestructura que el país necesita para consolidar este modelo.