Cada inicio del ciclo lectivo vuelve a poner en evidencia una tensión estructural del sistema educativo argentino: la distancia entre el derecho a la educación inclusiva y su aplicación concreta. Para numerosos estudiantes con discapacidad, el primer desafío no es aprender, sino lograr ser inscriptos.
Las negativas rara vez se presentan de forma explícita. En muchos casos, se traducen en pedidos reiterados de documentación, sugerencias de buscar otra institución o argumentos vinculados a la falta de recursos. Estas prácticas, aunque sutiles, generan exclusión y vulneran derechos básicos.
La ausencia de infraestructura accesible, la escasez de apoyos profesionales y la falta de formación específica del personal docente son problemas conocidos. Sin embargo, su persistencia refleja una responsabilidad estatal que no termina de asumirse, dejando a las escuelas y a las familias en una zona gris.
Sin mecanismos de supervisión eficaces, la educación inclusiva queda limitada a los discursos. Mientras tanto, estudiantes con discapacidad continúan enfrentando barreras que no deberían existir en un sistema que se define como igualitario.