El proyecto oficial propone limitar la protección a las geoformas con “función hídrica efectiva” y potencia la decisión provincial sobre autorizaciones. El Ejecutivo argumenta que busca “seguridad jurídica” para inversiones; críticos replican que eso equivale a flexibilizar prohibiciones que hoy impiden actividades de alto impacto en zonas glaciales.
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Organizaciones ambientales difundieron un documento conjunto rechazando la reforma: “No podemos permitir que la Ley de Glaciares se modifique. Implicaría una condena al agua de los argentinos”, advirtieron.
Del campo político, Daniel Filmus resumió la prioridad pública con una frase que ya circula en redes y comunicados: “Se puede vivir sin oro, pero no sin agua”. Mientras tanto, autoridades provinciales mineras reclaman la reforma como vía para destrabar proyectos.
Ricardo Alfonsín, en declaraciones públicas previas sobre el tema, subrayó el valor estratégico de los hielos: “los glaciares en la cordillera son la segunda reserva de agua dulce del país”, y su recuerdo se usa hoy por quienes piden mantener la ley intacta.