La iniciativa que reforma el Régimen Penal Tributario encendió alertas en el ámbito jurídico y tributario por el alcance real de los cambios propuestos. El eje del cuestionamiento es la suba exponencial de los montos mínimos para que una evasión sea considerada delito penal, una modificación que redefine el funcionamiento práctico del sistema vigente.
El proyecto eleva de manera significativa los umbrales: la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que los delitos agravados, como el uso de facturas apócrifas, quedan penalizados recién a partir de $200 millones. Tributaristas advierten que estos valores dejan fuera del alcance penal a conductas que hoy sí son perseguidas por la Justicia.
Otro aspecto discutido es la posibilidad de evitar o extinguir la acción penal mediante el pago, incluso cuando el proceso ya está en marcha. Para críticos del régimen actual, el esquema consolida una lógica donde la sanción penal pierde centralidad y el incumplimiento puede resolverse como una variable económica más.
La reforma también amplía los supuestos en los que el organismo recaudador puede decidir no formular denuncia penal, apoyándose en diferencias de interpretación normativa o criterios técnico-contables. Especialistas señalan que este margen de decisión incrementa la discrecionalidad administrativa y puede afectar la uniformidad en la aplicación de la ley.
En paralelo, la creación de un régimen de declaración jurada simplificada, con topes elevados de ingresos y patrimonio, es leída como un giro estructural en la política de fiscalización. Desde el ámbito académico y profesional se observa que el proyecto desplaza el eje del control tributario desde el plano penal hacia mecanismos administrativos, con impacto directo en la capacidad disuasiva del sistema.